Reglas de Procedimiento Criminal: (34 L.P.R.A. Ap. II)

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La orden expresari los fundamentos habidos para expedirla, y los nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas se basare.

Régimen Disciplinario - Reglamento de la Ejecución Penal

II, R. Como se puede apreciar, la orden de allanamiento debe expresar los fundamentos para su expedicién, segiin se desprenden de las declaraciones prestadas ante el juez, lo cual a su vez garantiza que de Ja propia orden surja la causa probable que dio base a su expedicién y se aperciba al ciudadano de las razones que la originaron.

Rol6n, supra. Camilo Meléndez, DPR En consecuencia, al determinar lo que constituye causa probable, no se requiere que el juez quede convencido de que la ofensa que se imputa fue verdaderamente cometida, sino si el deponente tuvo base razonable para creer que se estaba violando la ley y si los hechos aparentes que se desprenden de la declaracién jurada son tales que una persona prudente y razonable pudiese creer que dicha ofensa se ha cometido.

Pagdn, Ortiz. Al respecto, cabe recordar que la i Constitucién de Puerto.

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Rico provee unas garantias incluso mas abarcadoras que la Constitucién federal que Ie han atribuido la categoria de factura mas ancha. Béez Lopez, supra. Il, See. ELA; ademis, resulta que la proteccién de la honra, la teputaci6n y la vida privada de las personas establecida en la Seccién 8 de su Carta de Derechos -analizada en conjunto con la garantia cons itucional contra registros y allanamientos irrazonables- ha establecido el derecho a la intimidad como uno de los de més alta jerarquia en nuestro ordenamiento.

Coca - Cola, supra. De tal i mayor especificidad y extensién de proteccién constitucional se deriva la aludida factura mas ancha. Yip Berrios, DPR il or. Conde Pratts, DPR Véase J. InterJuris, ; pag.

Igualmente, una vez se establece la ausencia de una orden judicial de registro y allanamiento, el peso de la prueba para justificar la excepcién a la orden recae en el Ministerio Fiscal, quien viene obligado a demostrar que tal registro realizado fue uno legal y razonable. SITUM, , pég. Lebrén, DPR , De modo particular a los hechos del caso de autos, el Tribunal Supremo federal tuvo Ia oportunidad reciente de atender una, controversia que toca la necesidad de un orden judicial previo a la incautacidn y el registro de un teléfono celular en Riley v.

En tal sentido, destacé que los teléfonos celulares se distinguen cualitativa y cuantitativamente en materia de registro y allanamiento de los espacios y objetos considerados en Ia jurisprudencia anterior por el modo y gran volumen de datos que dichos dispositivos almacenan, en funcién de Jo cual recale6: [A] cell phone search would typically expose to the i government far more than the most exhaustive search of house: A phone not only contains in digital form many sensitive records previously found in the home; it also contains a broad array of private information never found ina home in any form—unless the phone is.

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Por otra parte, en Riley se afirmé que el requisito de una orden Ih judicial previo a la incautacién y el registro de un teléfono celular se sustenta no solamente en la gran cantidad de informacién contenida en él, sino particularmente en el caricter privado, detallado y Sensitivo de Virlualmente todos los aspectos de la vida de una persona.

Riley v. California, supra, pig. Vé e Id. Cons cuentemente, en Pueblo v. Lépez Colin, DPR , e Tribunal Supremo de Puerto Rico acogié la consideracién privilegiada que en materia de proteccién constitucional atribuy6 Riley a los Luego, como resultado de su andl teléfonos méviles ; s, Riley establecié en i jg. Véase Pueblo v. Malavé, supra, Por via similar, en Carpenter v.


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United States. S , el Tribunal Supremo federal concluys también que el Estado debe obtener una orden de registro y allanamiento basada en i causa probable previo al acceso de los récords de ubicacién fisica de un proveedor de servicios de telefonia celular. Es decir, el Alto Foro no limité la proteccién de la Cuarta Enmienda a la informacién contenida en el teléfono celular, sino que, igualmente, la extendié a los datos de ubicaciGn que el teléfono mévil provee, aun si estos fueron recopilados por un tercero.

UPR , Frattallone Di Gangi v. Tribunal Superior, 94 DPR , Luego, la Regla de Procedimiento Criminal que fundamenta 7: decisin recurrida solo alude a citacién de testigos, pero -como se afirmé en Fratallone Di Gangi v.

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California, supra; Pueblo v. Lépez Colon, supra. En el caso ante nuestra consideracién, el estado pretende argumentar que, si bien las disposiciones relativas a citaci6n de testigos no tienen el alcance de una orden de registro y allanamiento, la Resolucin y Orden recurrida esté enmarcada en las mismas porque solo requiere a los peticionarios comparecer ante el Ministerio Piblico con sus teléfonos méviles sin pretensién de ocuparlos o registrarlos.

Es decir, el estado procura argilir que la solicitud de citacién y peticin de teléfonos méviles que gestions y Iuego instrumenté a través del Tribunal de Primera Jnstancia, como parte de una investigacién del Ministerio Pablico que involucra un chat de Telegram, solo pretendia que los peticionarios se presentaran y mostraran a la vista sus teléfonos mOviles sin intensiGn de incautarlos ni registrarlos; ademis sostienen que la actuaci6n del foro recurrido se atuvo a tan limitada intencién, No tiene razon. La Justicia Criminal de Puerto Rico: - Integra la participación que obliga a las partes litigantes, a descubrir y presentar evidencias, que penalicen o favorezcan al acusado.

De no ser así, la función de un juicio sería insuficiente, por no probar acusaciones que apresen al confinado. Se debe tener en cuenta, que cuando se concede un nuevo juicio, no debe referirse a evidencias o sentencias anteriores, sino que la nueva evidencia es la que da origen y desarrollo a este nuevo procedimiento. De acuerdo a esta nueva evidencia, se celebra una nueva acusación, ya que el acusado no debe ser castigado por el mismo delito. Constitución de Puerto Rico, Sec. La concesión de un nuevo juicio por iniciativa del Tribunal, debe ser consentida por el acusado.

En cambio, cuando es el acusado el que solicita un nuevo juicio, dicha solicitud se debe basar en alguno de los fundamentos provistos por las Reglas de Procedimiento Criminal, o, en alguna Ley o Derecho reconocido por la Constitución o Jurisprudencia.


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  • II R a. II R Bajo esta regla, la prueba requerida para conceder un nuevo juicio, después de dictada sentencia, debe ser tal que deje clara la inocencia del convicto, al punto que la continuación de su encarcelamiento ofenda el sentido de Justicia. Regla , Procedimiento Criminal. Regla Esta enmienda a los puntos del 3 al 5 es crucial ya que lo creíble y subjetivo para un juez no tiene que tener la misma importancia para otro.

    El hecho de que el Congreso de los Estados Unidos tenga poder para legislar respecto a Puerto Rico, no impide que el Estado Libre Asociado tenga suficiente poder soberano, para regir la conducta penal de sus ciudadanos. La autoridad que pronuncia una resolución, debe necesariamente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte resolutiva o dispositiva del fallo.

    Dichas resoluciones deben estar suficientemente fundamentadas, para establecer que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido, proviene de una correcta y objetiva valoración de las pruebas. Los argumentos expuestos por las partes, deben ser justos para lograr la convicción. No existe doble exposición, por el hecho de que los imputados de delito fueran acusados por los mismos hechos, ante un Tribunal Federal.


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